José Ortega MirandaOpción de Veracruz Virtual
Ante la crisis de inseguridad que vive el país y la vulnerabilidad de las instituciones, Veracruz debe continuar el camino de fortalecer su sistema jurídico y hacerlo más eficaz, manifestó el Procurador General de Justicia del Estado, Salvador Mikel Rivera, al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, con motivo del IV Informe de Gobierno de Fidel Herrera.
Expuso que si bien es cierto que Veracruz está en octavo lugar de los estados con más baja incidencia de delitos en el país, no se debe bajar la guardia, porque en los últimos años la seguridad pública y la procuración de justicia, han sido temas que preocupan mucho a todo México.
Algo dogmático en la exposición inicial que dio a los legisladores locales, el más novel funcionario del gabinete fidelista expresó que “solo si hay legalidad y seguridad pública, se podrá lograr eficiencia, competitividad y crecimiento económicos.
Y continuó: “De otra manera, ningún proyecto de desarrollo social y económico podrá ser viable. No es casual, que las sociedades con mayor nivel de bienestar social y económico sean precisamente las que aplican la ley con mayor eficacia. Precisamente, el Instituto Mexicano de la Competitividad ha identificado dentro de los diez elementos que se requieren para incrementar los estándares de calidad y bienestar de los mexicanos, la importancia de elevar la calidad en el sistema de derecho”.
Enseguida, se fue a los números que interesaban conocerse durante el presente ejercicio: “En lo que se refiere a las actuaciones de los 126 Agentes Investigadores del Ministerio Público del estado, iniciaron 78,607; lo que promedia por agente de 623 investigaciones. De dichas investigaciones, en 2008 se atendieron 54,603.
De las averiguaciones iniciadas, se ejerció la acción penal en 8,722 (algo más del 12%) y se decidió no ejercer la acción penal en 9,724 (casi 14%). El resto se dejó en estado de reserva, en espera de que se practiquen otras diligencias que aporten mayores elementos para resolver, informó el abogado de los intereses de los veracruzanos.
En materia de servicios periciales, se emitieron 123,505 dictámenes en medicina forense, criminalística, identificación de personas, valoración de objetos y verificación de vehículos, entre otros.
Esto implica, se quejó Mikel Rivera, de una gran dedicación por parte de la institución no solo en cuanto al esfuerzo de su personal, sino también por la creciente necesidad de recursos financieros que se requieren, porque en el último año se reforzó está área con una inversión de casi 20 millones de pesos, para equipo de laboratorio, materiales médicos, sustancias químicas, vehículos y uniformes, destacando equipo para los laboratorios de genética, química forense, balística y patología.
El exdiputado federal, significó las acciones de la Policía Ministerial que durante el año ejecutó 4,524 órdenes de aprehensión, 762 de reaprehensión y 451 de comparecencia; así como, cumplimentó 7,644 órdenes de presentación, 38,076 oficios de investigación y 13,068 notificaciones y puso a disposición del Ministerio Público a 1,212 personas y 720 vehículos.
Comentó que en el marco de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro del Programa Veracruz Seguro, se realizaron 1,639 recorridos diurnos y 1,169 nocturnos en carreteras y ciudades, instalándose puntos de revisión móviles, para acciones de prevención del delito.
En este contexto, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado se presentó un programa para combatir la extorsión telefónica, que permió afrontar este delito con efectos favorables. Sin citar estimación propia, remitió a integrantes de la CANACO una medición inferior al 70 por ciento la disminución de este delito.
Para mejorar los servicios que presta la Procuraduría, se crearon subprocuradurías regionales en Tantoyuca y Cosamaloapan. Asimismo, se creó la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia en Zongolica.
De igual manera, en la ciudad de Xalapa, se constituyó la agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos Patrimoniales contra el Comercio en Xalapa.
Mikel Rivera informó que con la finalidad de equipar al personal ministerial de la Procuraduría con elementos de tecnología de punta, este año se hizo una inversión de casi 26 millones de pesos.
En materia de derechos humanos, dijo que la Procuraduría al 20 de agosto pasado, recibió de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 13 recomendaciones, 12 por actos de molestia y uno por dilación en la integración y determinación de la investigación ministerial, todas las cuales se atendieron.
Dentro de los avances en evaluación de control de confianza del personal operativo de la institución, afirmó que a través de un organismo certificado se han aplicado 3,947 evaluaciones en toxicología, conocimientos, técnicas de la función policial, estudio de personalidad, médica, entorno social, situación patrimonial y confianza, aplicadas a 493 servidores públicos. De igual manera, se capacitaron 1,119 elementos y se ha trabajado para que los mecanismos de selección de personal sean acordes con las políticas nacionales respectivas
Fue enfático el procurador al mencionar que dentro de la estrategia de modernización de la institución, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para crear la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Ello, permitirá renovar la obsoleta Dirección de la Policía Ministerial, que preserva la misma estructura de hace treinta años, no solo fortaleciendo su cuerpo operativo, sino también enfocando a la AVI hacia el trabajo científico de la investigación policiaca, el desarrollo de la función de inteligencia criminal, el uso de sistemas complejos de información y la especialización de la investigación policiaca por delitos de mayor impacto social.
Antes de finalizar su intervención urgió a los legisladores a que para superar el reto de la inseguridad se requiere una estrecha coordinación y cooperación entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Externo que esta “Unión debe hacer a un lado las naturales diferencias ideológicas y partidarias, pues ahora está en riesgo la viabilidad misma de nuestro futuro. El ejemplo lo ha puesto el Gobernador Fidel Herrera que, independientemente de su filiación política, desde el primer momento, se sumó a los esfuerzos del Presidente Felipe Calderón, para restablecer la seguridad pública en el país”.
Sin embargo, sin aludirla, se refirió a la eventual consideración de instaurar la pena de muerte en nuestro estado.
“Tengamos cuidado con las salidas falsas que sugieren los demagogos cuando ofrecen mano dura y el uso de la fuerza desmedida; asfixiando, con ello, la inteligencia, la reflexión, la razón y, al final de cuentas, haciendo a un lado la ley por estorbar a sus propósitos”.
Y siguió: “La mano dura se ofrece como una propuesta atractiva en tiempos electorales. Una falsa solución que busca confundir ante el temor que la inseguridad produce en la población. La mano dura es una máscara que generalmente esconde un estilo autoritario de ejercer el poder y una vocación por suprimir libertades y derechos.
Exhortó a los diputados presentes en más de cuatro ocasiones a “tener mano firme al aplicar y sostener la ley. La ley como el único instrumento objetivo que no se confunde con nuestras preferencias e intereses personales, lo cual contribuye a propiciar la armonía, la concordia y, al final de cuentas, el desarrollo social, económico y político de la sociedad”.
Posteriormente, el procurador Salvador Mikel contestó las preguntas de Los diputados Dalos Ulises Rodríguez Vargas, Alba Leonila Méndez Herrera, Manuel Bernal Rivera, Sergio Vaca Betancourt, Julio Chávez Hernández, Clara Celina Medina Sagahón, Antonio de Jesús Remes Ojeda, Celestino Rivera Hernández, Elvia Ruiz Cesáreo, Federico Salomón Molina, Carlos Nolasco Vázquez y Jorge Morales Trinidad, quienes lo cuestionaron sobre temas como el combate a la corrupción, remuneraciones del personal que labora en la Procuraduría, rotación de elementos en los distintos Ministerios Públicos de la entidad, resultados de las pruebas de confianza aplicados a la Procuraduría, capacitación al personal y los avances en las investigaciones contra servidores públicos.
Expuso que si bien es cierto que Veracruz está en octavo lugar de los estados con más baja incidencia de delitos en el país, no se debe bajar la guardia, porque en los últimos años la seguridad pública y la procuración de justicia, han sido temas que preocupan mucho a todo México.
Algo dogmático en la exposición inicial que dio a los legisladores locales, el más novel funcionario del gabinete fidelista expresó que “solo si hay legalidad y seguridad pública, se podrá lograr eficiencia, competitividad y crecimiento económicos.
Y continuó: “De otra manera, ningún proyecto de desarrollo social y económico podrá ser viable. No es casual, que las sociedades con mayor nivel de bienestar social y económico sean precisamente las que aplican la ley con mayor eficacia. Precisamente, el Instituto Mexicano de la Competitividad ha identificado dentro de los diez elementos que se requieren para incrementar los estándares de calidad y bienestar de los mexicanos, la importancia de elevar la calidad en el sistema de derecho”.
Enseguida, se fue a los números que interesaban conocerse durante el presente ejercicio: “En lo que se refiere a las actuaciones de los 126 Agentes Investigadores del Ministerio Público del estado, iniciaron 78,607; lo que promedia por agente de 623 investigaciones. De dichas investigaciones, en 2008 se atendieron 54,603.
De las averiguaciones iniciadas, se ejerció la acción penal en 8,722 (algo más del 12%) y se decidió no ejercer la acción penal en 9,724 (casi 14%). El resto se dejó en estado de reserva, en espera de que se practiquen otras diligencias que aporten mayores elementos para resolver, informó el abogado de los intereses de los veracruzanos.
En materia de servicios periciales, se emitieron 123,505 dictámenes en medicina forense, criminalística, identificación de personas, valoración de objetos y verificación de vehículos, entre otros.
Esto implica, se quejó Mikel Rivera, de una gran dedicación por parte de la institución no solo en cuanto al esfuerzo de su personal, sino también por la creciente necesidad de recursos financieros que se requieren, porque en el último año se reforzó está área con una inversión de casi 20 millones de pesos, para equipo de laboratorio, materiales médicos, sustancias químicas, vehículos y uniformes, destacando equipo para los laboratorios de genética, química forense, balística y patología.
El exdiputado federal, significó las acciones de la Policía Ministerial que durante el año ejecutó 4,524 órdenes de aprehensión, 762 de reaprehensión y 451 de comparecencia; así como, cumplimentó 7,644 órdenes de presentación, 38,076 oficios de investigación y 13,068 notificaciones y puso a disposición del Ministerio Público a 1,212 personas y 720 vehículos.
Comentó que en el marco de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro del Programa Veracruz Seguro, se realizaron 1,639 recorridos diurnos y 1,169 nocturnos en carreteras y ciudades, instalándose puntos de revisión móviles, para acciones de prevención del delito.
En este contexto, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado se presentó un programa para combatir la extorsión telefónica, que permió afrontar este delito con efectos favorables. Sin citar estimación propia, remitió a integrantes de la CANACO una medición inferior al 70 por ciento la disminución de este delito.
Para mejorar los servicios que presta la Procuraduría, se crearon subprocuradurías regionales en Tantoyuca y Cosamaloapan. Asimismo, se creó la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia en Zongolica.
De igual manera, en la ciudad de Xalapa, se constituyó la agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos Patrimoniales contra el Comercio en Xalapa.
Mikel Rivera informó que con la finalidad de equipar al personal ministerial de la Procuraduría con elementos de tecnología de punta, este año se hizo una inversión de casi 26 millones de pesos.
En materia de derechos humanos, dijo que la Procuraduría al 20 de agosto pasado, recibió de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 13 recomendaciones, 12 por actos de molestia y uno por dilación en la integración y determinación de la investigación ministerial, todas las cuales se atendieron.
Dentro de los avances en evaluación de control de confianza del personal operativo de la institución, afirmó que a través de un organismo certificado se han aplicado 3,947 evaluaciones en toxicología, conocimientos, técnicas de la función policial, estudio de personalidad, médica, entorno social, situación patrimonial y confianza, aplicadas a 493 servidores públicos. De igual manera, se capacitaron 1,119 elementos y se ha trabajado para que los mecanismos de selección de personal sean acordes con las políticas nacionales respectivas
Fue enfático el procurador al mencionar que dentro de la estrategia de modernización de la institución, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para crear la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Ello, permitirá renovar la obsoleta Dirección de la Policía Ministerial, que preserva la misma estructura de hace treinta años, no solo fortaleciendo su cuerpo operativo, sino también enfocando a la AVI hacia el trabajo científico de la investigación policiaca, el desarrollo de la función de inteligencia criminal, el uso de sistemas complejos de información y la especialización de la investigación policiaca por delitos de mayor impacto social.
Antes de finalizar su intervención urgió a los legisladores a que para superar el reto de la inseguridad se requiere una estrecha coordinación y cooperación entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Externo que esta “Unión debe hacer a un lado las naturales diferencias ideológicas y partidarias, pues ahora está en riesgo la viabilidad misma de nuestro futuro. El ejemplo lo ha puesto el Gobernador Fidel Herrera que, independientemente de su filiación política, desde el primer momento, se sumó a los esfuerzos del Presidente Felipe Calderón, para restablecer la seguridad pública en el país”.
Sin embargo, sin aludirla, se refirió a la eventual consideración de instaurar la pena de muerte en nuestro estado.
“Tengamos cuidado con las salidas falsas que sugieren los demagogos cuando ofrecen mano dura y el uso de la fuerza desmedida; asfixiando, con ello, la inteligencia, la reflexión, la razón y, al final de cuentas, haciendo a un lado la ley por estorbar a sus propósitos”.
Y siguió: “La mano dura se ofrece como una propuesta atractiva en tiempos electorales. Una falsa solución que busca confundir ante el temor que la inseguridad produce en la población. La mano dura es una máscara que generalmente esconde un estilo autoritario de ejercer el poder y una vocación por suprimir libertades y derechos.
Exhortó a los diputados presentes en más de cuatro ocasiones a “tener mano firme al aplicar y sostener la ley. La ley como el único instrumento objetivo que no se confunde con nuestras preferencias e intereses personales, lo cual contribuye a propiciar la armonía, la concordia y, al final de cuentas, el desarrollo social, económico y político de la sociedad”.
Posteriormente, el procurador Salvador Mikel contestó las preguntas de Los diputados Dalos Ulises Rodríguez Vargas, Alba Leonila Méndez Herrera, Manuel Bernal Rivera, Sergio Vaca Betancourt, Julio Chávez Hernández, Clara Celina Medina Sagahón, Antonio de Jesús Remes Ojeda, Celestino Rivera Hernández, Elvia Ruiz Cesáreo, Federico Salomón Molina, Carlos Nolasco Vázquez y Jorge Morales Trinidad, quienes lo cuestionaron sobre temas como el combate a la corrupción, remuneraciones del personal que labora en la Procuraduría, rotación de elementos en los distintos Ministerios Públicos de la entidad, resultados de las pruebas de confianza aplicados a la Procuraduría, capacitación al personal y los avances en las investigaciones contra servidores públicos.
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