jueves, 18 de febrero de 2016

Licencias permanentes para conducir automóviles y motocicletas, en Veracruz

Opcion de Veracruz
Xalapa. Ver


Las licencias para conducir automóviles y motocicletas de servicio particular podrían ser permanentes y con ello se evitaría el trámite trianual que realizan los ciudadanos, ello conforme a la propuesta que envió el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Durante la segunda sesión ordinaria del primer receso, la Mesa Directiva dio entrada a esta iniciativa que reforma el artículo 15 del Código de Derechos del Estado para establecer que las licencias tipo C para conducir automóviles y la tipo D para conducir motocicletas, serán permanentes.

Los integrantes de la Diputación Permanente turnaron la Iniciativa de Decreto a la comisión de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.

En la exposición de motivos de la propuesta de reforma, se plantea la eliminación de trámites administrativos innecesarios lo cual redundaría en el beneficio de la economía de las familias, porque para adquirir la licencia tipo C para conducir automóviles, se propone el costo de 12 salarios mínimos y la tipo D para conducir motocicletas, en 10 salarios mínimos. En ambos casos aplica para servicio particular.

De aprobarse esta reforma, Veracruz se sumaría a los estados de Puebla, Chiapas y Ciudad de México que dan licencias permanentes y con ello benefician a la población en los trámites administrativos.

Contar con una licencia permanente no significa que no pueda ser cancelada o suspendida definitivamente por la autoridad competente, aclara el documento.

Reforma a la Ley de Pensiones

En la sesión la Mesa Directiva turnó a la comisión de Hacienda del Estado la iniciativa del Ejecutivo estatal que reformaría el artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado para establecer que de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones de esta ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.

El esquema que se propone dispone que en caso de que el IPE no tenga la capacidad económica para cumplir con las obligaciones a su cargo, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno correspondiere, previo acuerdo celebrado entre ambas partes.


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